El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decidido mantener las tarifas diferenciadas en las piscinas e instalaciones deportivas municipales, a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo, que insta al consistorio a eliminar las diferencias de precios entre empadronados y no empadronados.

El organismo que dirige Ángel Gabilondo considera que esta práctica vulnera el principio de igualdad ante la ley, pero el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Javier Úbeda (PP), ha anunciado que no acatará la recomendación y defiende la legalidad y objetividad de su sistema tarifario.

El Defensor del Pueblo considera la medida “carente de justificación objetiva”

La actuación del Defensor del Pueblo se inició tras la queja de una vecina que denunció la existencia de precios más bajos para los empadronados. En su resolución, fechada el 8 de octubre de 2025, Gabilondo concluye que “una diferenciación tarifaria basada exclusivamente en el lugar de empadronamiento del usuario no se erige en una justificación objetiva y razonable”.

La recomendación se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2023, que estableció que los ayuntamientos no pueden fijar diferencias en tasas por el uso de instalaciones deportivas basándose únicamente en el empadronamiento.

El Ayuntamiento defiende su autonomía local y su normativa

Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha elaborado un informe en el que se reafirma la legalidad de la actual ordenanza municipal, aprobada en 2003 y modificada por última vez en 2025. Esta norma distingue entre abonados, no abonados y no empadronados, lo que permite ajustar los precios públicos según distintos criterios.

El equipo de gobierno municipal sostiene que los precios públicos no son tributos y, por tanto, pueden establecerse “en función de criterios sociales, culturales o de interés público”, entre ellos el empadronamiento.

“La diferencia en los precios públicos no resulta artificiosa ni injustificada, ya que el servicio está destinado principalmente a los vecinos del municipio, que contribuyen económicamente a su sostenimiento”, explican fuentes municipales.

El consistorio defiende además que este modelo es habitual en muchos municipios españoles, comparándolo con las tarjetas de residentes para el estacionamiento regulado en zona azul, que también otorgan beneficios a los empadronados.

Javier Úbeda responde a Gabilondo: “Defienda la igualdad real de todos los españoles”

El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, ha aprovechado la polémica para lanzar un mensaje al Defensor del Pueblo. En tono crítico, ha instado a Gabilondo a “centrar sus esfuerzos en garantizar la igualdad de todos los españoles en cuestiones realmente importantes”.

“Le animamos a que defienda el derecho de los niños a estudiar en castellano en cualquier comunidad autónoma, que promueva la igualdad ante la ley para que los delitos cometidos por separatistas tengan la misma pena que los de cualquier ciudadano, y que pregunte al Gobierno por el estudio de viabilidad del Cercanías contratado hace años por el ministro Ábalos y que sigue oculto a los vecinos de Boadilla”, ha declarado Úbeda.

Un debate que podría marcar precedente

La decisión de Boadilla del Monte abre un debate de fondo: ¿pueden los ayuntamientos establecer ventajas en el acceso a servicios públicos en función del empadronamiento?

El pulso entre el consistorio y el Defensor del Pueblo podría tener consecuencias más allá del municipio, ya que centenares de ayuntamientos en toda España aplican criterios similares en sus instalaciones deportivas, culturales y de ocio.

Por ahora, el Ayuntamiento de Boadilla mantiene firme su postura: las tarifas diferenciadas seguirán vigentes y los vecinos empadronados continuarán disfrutando de precios reducidos en las piscinas e instalaciones deportivas municipales.