El Grupo Popular de Boadilla del Monte, dirigido por el alcalde y también diputado en el Congreso Antonio González Terol, expresó el pasado viernes su rechazo a la moción presentada por Alternativa por Boadilla y apoyada por el PSOE en la que se solicitaba que “el Ayuntamiento se comprometa a no promover actos institucionales de carácter religioso” y en la que “exigían que las autoridades locales y el personal de la Administración Municipal no muestren en el ejercicio de su cargo ni de sus funciones sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas”.

En la iniciativa, en la que Ciudadanos e IU-CM Los Verdes se abstuvieron, también se solicitaba que “el Ayuntamiento se comprometa a que en los espacios municipales no exista simbología religiosa” y se pedía que “la Corporación Municipal no se encomiende a santoral, imágenes y rituales religiosos”.

Durante el debate de la moción, además, los ediles socialistas solicitaron que las Hermandades de la localidad no pudieran optar a la convocatoria anual de ayudas y subvenciones a las que pueden acceder todas las asociaciones de Boadilla, independientemente del objeto que tengan cada uno (deportiva, cultural, religiosa…).

La negativa del Ejecutivo local, que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, se materializó por doble vía. Mientras el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, manifestó su intención de seguir asistiendo a todas las procesiones y otras festividades religiosas a las que sea invitado; el portavoz del Grupo Municipal del PP de Boadilla, Raimundo Herráiz, se preguntó si conforme al espíritu del texto lo próximo no será pedir que se elimine la Cabalgata de Reyes, que es una ocupación del dominio público por parte del hecho religioso.

Herráiz explicó durante su intervención en el Pleno que la Constitución Española recoge expresamente el carácter aconfesional del Estado Español, que debe manifestarse en su carácter neutral frente al hecho religioso: «La diferencia entre un Estado laico y otro aconfesional es que el primero pretende excluir del espacio público las manifestaciones religiosas mientras que el segundo muestra su neutralidad respecto a la expresión de las distintas religiones.»

«Los vecinos de Boadilla – continuó Herráiz – tienen pleno derecho a manifestar sus creencias religiosas tanto en los espacios privados como públicos porque la libertad religiosa es un derecho constitucional y tienen derecho también a invitar a sus actos, si así lo desean, a la Corporación Municipal en su calidad de representantes públicos de todos los vecinos».

Por último, Herráiz también incidió en que “el derecho a la libertad religiosa es un derecho vacío si el mismo sólo puede ejercerse en el ámbito privado”, en que “erradicar de forma totalitaria el hecho religioso del espacio público sería un atentado contra nuestras tradiciones y el atractivo turístico de España, como así demuestra la Semana Santa, y en que “es una auténtica barbaridad lo que se solicita porque es un secuestro de la conciencia de los trabajadores municipales, que deben poder trabajar con simbología religiosa si así lo desean y acudir a dónde consideren oportuno mientras respeten los valores constitucionales”.