Boadilla del Monte se caracteriza por poseer un entorno natural privilegiado y estar a tan sólo 16 km del centro de Madrid. Estas dos circunstancias hacen que el municipio sea especialmente interesante para la proliferación del negocio inmobiliario por el elevado precio de venta de las viviendas.

Hay que tener en cuenta que desde hace 30 años el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha sido gobernado por mayorías absolutas del Partido Popular. La reciente historia nos dice que la perpetuación de gobiernos con mayorías absolutas son un terreno especialmente abonado para la creación de redes clientelares, el control de los medios de comunicación, falta de transparencia en la gestión del gobierno, el capitalismo de amiguetes y una sensación de impunidad que suelen desembocar en casos de corrupción.

Con estas circunstancias, no es difícil comprender que el urbanismo diseñado por los gobiernos del PP en Boadilla y plasmado en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), siempre haya terminado estrellándose sistemáticamente con los tribunales de justicia. Ejemplos de ello se encuentran en la ilegalización del PGOU de 2001, cuando era máximo regidor González Panero “el albondiguilla”, y la más reciente anulación judicial del Plan de 2015, que fue diseñado de manera similar por el gobierno del otro González, el actual alcalde y diputado nacional González Terol.

Las políticas del Partido Popular son conocidas por la perseverancia en prolongar un modelo económico caduco, basado en el ladrillo y en arquetipos urbanísticos en los que prima fundamentalmente la edificación de vivienda libre hasta el agotamiento del patrimonio municipal del suelo. Y esto es lo que ha sucedido y sucede actualmente en Boadilla, donde los nuevos desarrollos urbanos han colmatado el suelo disponible hasta los límites de su término municipal.

Tras la anulación en 2012 del Plan Urbanístico, el equipo de González Terol con su concejal delegado del área, Miguel Ángel Ruíz López, a la cabeza (hoy imputado en la Trama Púnica), elaboró un nuevo Plan que se aprobó con la mayoría del PP, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. El PGOU aprobado es básicamente una fotocopia del anterior declarado nulo y preveía llevar a la población de Boadilla, en números redondos, desde los 45.000 a los 80.000 habitantes.

La operación de renovación del PP en Boadilla con González Terol a la cabeza, ha resultado ser un tuneado de chapa y pintura en lo que se refiere a urbanismo, al replicar el plan de 2001 que ya fue anulado.

Con estas premisas no debería sorprender que este año 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya vuelto a anular el Plan aprobado en 2015. Para remediarlo, el gobierno popular ha anunciado que hará un recurso de casación y además ha presentado un borrador de otro plan, a imagen y semejanza del anterior, cuya redacción ha costado a los vecinos más de 100.000 €.

Lo peor de todo es que esta coyuntura no se ha aprovechado para proponer un nuevo desarrollo urbanístico para nuestro municipio participativo, más allá de los trámites preceptivos para la presentación de sugerencias y alegaciones. Así, se podría haber elaborado un documento inicial donde se escuchen y atiendan las demandas y sugerencias de todos los vecinos y agentes sociales. Por el contrario, el gobierno popular no ha querido dar esta opción participativa en una prueba más de su actitud tradicionalmente imperativa y prepotente, evidenciando una clara falta de empatía con los vecinos a quienes gobiernan.

El borrador de avance del PGOU que se va a llevar a exposición pública, prevé un crecimiento hasta 80.000 habitantes para los próximos años. Sin embargo, en este momento y con 50.000 vecinos, el gobierno es incapaz de dar respuesta al grave problema de la falta de transportes, atascos crónicos de tráfico y de movilidad en general que sufren a diario en Boadilla.

El modelo urbano que presenta el PP, lejos de resolver nada, va a agravar seriamente los problemas de tráfico y transporte que el mismo gobierno ha creado al proyectar un urbanismo saturado de construcciones hasta los límites del término municipal. Es un modelo obsoleto, de baja interactuación y profundidad, propio de ciudad dormitorio eminentemente residencial y diseñado para vivir únicamente los fines de semana.

El Plan General ha de contemplar la mejora y modernización de la ciudad ya consolidada, prever un crecimiento razonable, razonado, equilibrado y progresivo, que fomente el bienestar y la interactuación de sus vecinos; la mejora del comercio y del tejido productivo; y la eliminación del problema endémico de la movilidad. Todo ello con la máxima transparencia y de manera que sea comprensible para todos, sin subterfugios, artificios, o arbitrariedades.

De lo contrario, resultará previsible, por enésima vez, que tengan que ser los tribunales quienes se pronuncien sobre la adecuación del Plan a las correspondientes leyes, quitando razones a lo que la aritmética de los votos viene imponiendo desde hace 30 años en Boadilla.

Ricardo Díaz, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte