Los alcaldes de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas de Madrid han denunciado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que la nueva Ley de Economía Circular, promulgada por Pedro Sánchez, obligará a una mayor carga impositiva a sus vecinos por la obligación de implantar, entre otras cuestiones, contenedores inteligentes.

Javier Úbeda, regidor de Boadilla del Monte, ha encabezado estas protestas enviando una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que señala que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “era una normativa que era necesaria pero creo, humildemente, que ha llegado no solo tarde, sino mal planteada”.

“Esta regulación va a suponer que, de un gasto de 5 millones de euros que realizamos al año en el servicio de recogida de residuos, vamos a pasar a gastar 8 millones de euros en el mejor de los casos y 10 millones de euros en el peor, dado que, entre otras cosas, se obliga a la “priorización de modelos de recogida como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes” y a la “adaptación de los contratos en vigor de las entidades locales relativos a la gestión de los residuos de su competencia”, señala en la carta.

En el mismo escrito, Úbeda plantea a la ministra una serie de cuestiones sobre esta nueva normativa. “¿De dónde vamos a sacar el dinero para introducir en nuestros presupuestos esta medida? ¿Qué gastos hemos de eliminar? ¿Las ayudas por nacimiento y manutención? ¿Las de la escolarización y conciliación? ¿Las ayudas por emergencia social? ¿La subvención de las terapias en nuestro centro de atención temprana y postemprana?

Una nueva tasa para los vecinos

“Desgraciadamente, me temo que el dinero para financiar esta nueva regulación la pretenden obtener de los vecinos, dado que esta nos obliga a los Consistorios a crearles una tasa que, al menos, en la ciudad que tengo el honor de dirigir en la actualidad es inexistente”, continúa.

Así, continúa explicando que “nadie puede poner en cuestión el principal objetivo de la norma, que es implementar políticas para reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y en el medio ambiente, así como hacer un uso eficiente de los recursos. Ahora bien, ¿por qué obligan a las entidades locales a generar nuevos impuestos cuando la inflación está ahogando a las familias, cuando España encadena diez meses seguidos con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, o cuando aún estamos sufriendo las consecuencias del COVID-19?”.

Presión fiscal de más de 1.500 millones de euros

En la misma carta, el regidor boadillano expone que “como ya se advirtió en la tramitación de esta ley, han hecho una norma que conlleva dos impuestos que van a generar una presión fiscal de más de 1.500 millones de euros. Tasas que al final, van a tener que pagar los ciudadanos y sobre los cuales ustedes, además, no van a tener que dar la cara”.

Tal y como indica Ok diario, Susana Pérez Quislant, alcaldesa de Pozuelo, ha indicado que su municipio “siempre se ha caracterizado por ser un municipio sostenible con el medio ambiente”. “El Gobierno municipal del PP ha priorizado en sus políticas bajar impuestos a sus vecinos, y con esta ley, necesaria, pero poco trabajada, el gobierno de Sánchez quiere obligar a las administraciones locales a crear nuevas tasas que repercutan directamente en la economía de nuestras familias”.

Desde el Ayuntamiento de Las Rozas confirman igualmente que están “en contra de esta nueva Ley porque obliga a poner una tasa de basura que en nuestro municipio hace muchos años que se quitó y no tenemos intención de ponerla”.

El alcalde José de la Uz comenta que “es cierto que debemos poco a poco adaptar nuestros sistemas de recogida de residuos hacia modelos más sostenibles. Pero desde el Ministerio se elige el peor momento por la crisis económica que estamos sufriendo y que ha disparado la inflación”. “Seguramente el desconocimiento de la gestión municipal lleva al Gobierno de España a intentar imponer un nuevo impuesto que en muchos ayuntamientos ya está extinguido”, valora el edil.