El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le reprocha que la aplicación por parte de los ayuntamientos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de la nación, supondrá la quiebra de muchos de ellos por los gastos que va a generar, pidiendo que reconsidere la modificación de algunos aspectos de la ley «para evitar el alto perjuicio que va a ocasionar sobre los ayuntamientos y sus vecinos».
Según recoge el comunicado remitido por el Grupo Popular del municipio, el regidor considera que esta norma «obligará a la aplicación de nuevos impuestos a los vecinos, que ya están pagando las consecuencias de la alta inflación que sufre España en estos momentos».
El Alcalde considera que, si bien es necesario implementar políticas para reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos y hacer un uso eficiente de los recursos, «la normativa llega tarde y está mal planteada». Úbeda señala que va a generar una presión fiscal de más de 1500 millones de euros como consecuencia de esos nuevos impuestos, y que plantea otros problemas como «los plazos para la adaptación de los contratos y las ordenanzas municipales, el cumplimiento de los objetivos fijados o la falta de tecnología adecuada para hacer posible lo que la ley exige».
El impacto en Boadilla
Según cálculos de los populares, la aplicación de la norma supondría pasar de un gasto de 5 millones de euros en el servicio de recogida de residuos a uno de 8 millones, «en el mejor de los escenarios», o de 10 millones, en el peor, dado que, entre otras cosas, se obliga a la «priorización de modelos de recogida como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes» y a la «adaptación de los contratos en vigor de las entidades locales relativos a la gestión de los residuos de su competencia».
El primer edil ha recordado asimismo en la misiva que el Consejo de Estado, que informó sobre esta ley, ya indicó que no contemplaba el impacto económico que supondría para comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, y culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ahogar más a las familias.