Las mujeres embarazadas menores de 26 años recibirán una ayuda económica de 250 euros al mes, medida que forma parte de las reformas emprendidas que el Ayuntamiento va a introducir en la ordenanza reguladora de las ayudas económicas para situaciones de especial vulnerabilidad.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, se ha iniciado el trámite de renovación de la ordenanza con el objetivo de «adecuarla» a la «nueva realidad social que presentan las familias de la localidad, así como favorecer a un mayor número de posibles vecinos que puedan acceder a las ayudas».

Entre las principales novedades que recoge el texto, cuya aprobación inicial se produjo en el último Pleno municipal, destaca la creación de una ayuda de 250 euros mensuales dirigida a mujeres gestantes, con más de 14 semanas de embarazo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su protección hasta el nacimiento del bebé.

Esta ayuda será complementaria de las que pueda solicitar en concepto de emergencia social, conforme a los baremos fijados para su concesión, detalla el Ayuntamiento.

Entre otras modificaciones también se establece una bonificación del 20 por ciento sobre el nivel de ingresos, medido en relación con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para el acceso a las ayudas de emergencia social de los colectivos más vulnerables.

Las personas que se van a ver favorecidas con esta bonificación son los mayores de 75 años con limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria; las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien; las personas en situación de dependencia; las familias numerosas de categoría especial; las familias monoparentales, sin red de apoyo; los parados de largo duración, mayores de 45 años; y las víctimas de violencia de género.

De forma general se establece a su vez un incremento en la cuantía de las ayudas económicas desde el 40 al cien por cien del IPREM tanto para el pago de suministros, con el fin de evitar la pobreza energética de las personas más vulnerables, como en concepto de ayuda sobre el coste de los tratamientos de salud bucodental, no cubiertos por el Sistema Sanitario. Este segundo supuesto está dirigido a las personas mayores que no puedan pagar un tratamiento especializado por su elevado coste.