El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y CaixaBank mantienen desde hace años un conflicto judicial por la titularidad de varios locales comerciales y plazas de aparcamiento vinculados a una de las derivadas urbanísticas de la trama Gürtel. Se trata de un conjunto de 33 locales y cerca de 200 plazas de estacionamiento situados en la avenida del Siglo XXI del municipio madrileño, actualmente tapiados y sin actividad, cuyo valor conjunto ronda los 20 millones de euros, según las tasaciones aportadas en el procedimiento.

Según resalta el diario «El Confidencial»,el origen del litigio se remonta a 2005, cuando una empresa posteriormente implicada en la trama Gürtel se adjudicó un derecho de superficie sobre parcelas propiedad de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte. A cambio, la sociedad debía abonar un canon anual y desarrolló en esos terrenos los locales y aparcamientos ahora en disputa. Con el paso del tiempo, se produjeron impagos y la entidad financiera decidió ejecutar la hipoteca vinculada a ese derecho de superficie.

CaixaBank, que reclama cerca de 4,15 millones de euros a la sociedad Artas Consultoría —administrada por José Ramón Blanco Balín, considerado por la Policía como el cerebro financiero de la trama Gürtel—, inició el proceso para sacar los inmuebles a subasta pública. La subasta se estructuró en tres lotes, con valores que oscilan entre los 5,3 y los 7,5 millones de euros, aunque ninguno de ellos recibió pujas en su convocatoria inicial.

El procedimiento, sin embargo, ha quedado temporalmente suspendido. La EMSV solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Móstoles la paralización de la subasta al considerar inexistente la hipoteca objeto de ejecución y ante la inminente cancelación registral de la misma. La suspensión fue acordada de forma provisional hasta el próximo 28 de enero, si bien puede reactivarse en cualquier momento por decisión de la autoridad gestora o a petición de la entidad financiera por motivos logísticos.

El argumento central del Ayuntamiento se apoya en una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de fecha 23 de octubre de 2025, que estimó el recurso presentado por la empresa municipal. Dicho organismo anuló el criterio del registrador de la propiedad de Boadilla del Monte y dejó sin efecto tanto el derecho de superficie como la hipoteca asociada, ordenando su cancelación registral por derivarse de un derecho declarado judicialmente nulo.

Desde el consistorio sostienen que, al haberse declarado nulo el derecho de superficie, la hipoteca que recaía sobre él debe considerarse jurídicamente extinguida. En consecuencia, defienden que los activos pertenecen al municipio y no pueden ser objeto de subasta. El alcalde de la localidad, Javier Úbeda, ha subrayado este mismo punto desde su perfil de Facebook.

Por su parte, CaixaBank ha declinado realizar comentarios públicos sobre el fondo del asunto para no interferir en un procedimiento que sigue pendiente de resolución judicial, aunque dispone de un plazo de dos meses para recurrir la resolución administrativa ante la jurisdicción civil.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha subrayado que respeta la legítima defensa de los intereses económicos de las entidades financieras, pero considera que esta no puede ejercerse en detrimento de los vecinos, que ya se vieron perjudicados por los hechos relacionados con la trama Gürtel. Según el consistorio, el momento adecuado para la defensa de los intereses afectados fue el procedimiento judicial principal, en el que el Ayuntamiento y la EMSV se personaron para proteger el patrimonio municipal.